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23 diciembre, 2020La respuesta social y las incompatibilidades técnicas con la accesibilidad hacen inviable su puesta en marcha.
El Partido Popular solicita la paralización de la aprobación definitiva de la ordenanza de peatonalización. El portavoz del PP, Quique Ruiz, advierte de que el documento presenta carencias, ha generado un amplio rechazo social y su aplicación es incompatible con la normativa de accesibilidad. “Es momento de dialogar para conseguir un plan de peatonalización consensuado”, señala el concejal.
La ordenanza ha recibido más de 1.000 alegaciones, así como 1.200 firmas contra su aprobación. 14 asociaciones de vecinos y comerciantes han mostrado su rechazo al texto y han denunciado la falta de participación en el proceso. “Es evidente que no ha habido consenso”, señala Ruiz. El concejal señala que el texto presenta carencias, que atribuye a la precipitación del Gobierno. “Dijimos hace meses que la ordenanza estaba muy verde y pese a ello el PSOE la llevó al pleno para aprobarla”, explica Ruiz. Como ejemplo, el concejal señala que el texto no contempla los horarios de acceso los días festivos o vísperas.
El PP advierte de que la aplicación de la ordenanza sin reformar las calles afectadas provoca problemas de compatibilidad con las normativas de accesibilidad. “Hacer una calle peatonal no es poner una valla, es necesario crear plataformas únicas que cumplan con todas las medidas de seguridad”, detalla el regidor. Ruiz subraya que los comerciantes han alertado de que la ordenanza es contraria al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que no incluye la peatonalización de San Nicolás o San Lorenzo. “El Gobierno no ha escuchado a los ciudadanos ni tampoco ha tenido en cuenta los planes y estudios previos”, manifiesta Ruiz.
El portavoz del PP valora el trabajo realizado para mejorar la ordenanza, por lo que reclama al Gobierno “que abra el diálogo a la sociedad para conseguir una normativa de consenso que permita peatonalizar con éxito el Centro de la ciudad”. Según dice, el Gobierno “tiene en su mano reconducir el debate para que no descarrile el proceso, tal y como sucedió en 2015, cuando el PSOE dejó de aplicar un plan de peatonalización que, según decía entonces, estaba consensuado con vecinos y comerciantes“.
Problemas de accesibilidad
Las calles afectadas por la ordenanza van a convertirse en itinerarios peatonales y deben cumplir con las disposiciones del mencionado decreto del Consell, según el cual la altura del bordillo de las aceras no deberá superar 0,12 m y a lo largo del itinerario peatonal accesible deberán preverse de, al menos, un banco accesible cada 100 m.
Futura zona peatonal sin adaptar
En cuanto a las plataformas únicas de uso mixto, la normativa llega a decir que no se autorizarán plataformas únicas de uso mixto (usos peatonal y vehicular al mismo nivel) sin que cumplan las condiciones de seguridad para las personas, en especial para las personas con discapacidad, o cuando perjudiquen en su diseño al tránsito peatonal, que en todo caso tiene preferencia.
El decreto indica que cuando la plataforma tenga una anchura mayor a 5,00 m, se delimitarán las zonas preferentes peatonales a ambos lados del carril vehicular, disponiendo de franjas de pavimento táctil indicador de advertencia continuas en todo el recorrido, de color contrastado o elementos de mobiliario urbano de forma alineada.
Además se deberá disponer de señalización vertical y horizontal de prioridad peatonal de aviso a los vehículos, y de límite de velocidad, comprensible y visible desde diferentes ubicaciones.
Quique Ruiz apunta que “tenemos un ejemplo de esta normativa en la no instalación de papeleras en la nueva urbanización de la calle Sant Francés, algo lógico ya que no se admiten vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten más de 0,10 metros sobre el itinerario al suponer un peligro para las personas viandantes, pero parece que para el resto de calles afectadas la normativa no existe”.
El portavoz popular lamenta que en esta ordenanza no se haya actuado como en la ordenanza de movilidad, una ordenanza creada desde el consenso que ha llegado a reunir a los grupos de la oposición incluso para opinar sobre las alegaciones.
