El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sala tercera de lo Contencioso-Administrativo, ha aprobado la memoria arquitectónica de ejecución para dar solución a la sentencia que condenó al Ayuntamiento por la obra de la Rosaleda que fue realizada por el anterior gobierno del Partido Popular. En el mismo documento, el tribunal desautoriza la alegación de la UTE, formada por Enrique Ortiz y Autobuses Playa San Juan, porque según los jueces «trata de dilatar torticeramente la ejecución del fallo judicial (…) pretendiendo prolongar la actual situación de hecho» y también considera que la UTE no está legitimada para cuestionar el proyecto de ejecución.

El alcalde, Toni Francés, ha valorado positivamente la decisión judicial: «El acuerdo histórico que conseguimos entre el Ayuntamiento y la Carrasca para presentar una memoria consensuada nos permite, por un lado cumplir con la legalidad, un hecho al que no puede abstraerse un Ayuntamiento; y de la otra, solucionar de una vez por todas otro de los desastrosos proyectos urbanísticos que nos dejó el Partido Popular. Son ya siete años de intenso trabajo solucionando los graves problemas judiciales que el PP dejó a todos los alcoyanos, afectando gravemente a las arcas municipales e hipotecando el futuro de esta ciudad; por suerte, poco a poco, estamos dando respuesta a todos ellos».

La memoria definitiva, que ha supuesto el visto y bueno de los tribunales, estuvo consensuada entre el gobierno y la Carrasca y se trata de un anteproyecto del arquitecto Ciro Pascual que restaurará la zona verde, se ajusta a la rasante y no pierde ninguna plaza de aparcamiento. La valoración del mismo se sitúa alrededor del millón y medio de euros.

La decisión judicial permite restituir la zona verde de la Rosaleda, y cumplir la sentencia de octubre del 2005 que consideraba ilegal el proyecto de esta plaza alcoyana. La propuesta de adjudicación de la obra fue firmada por el actual portavoz del Partido Popular, y entonces concejal de obras y contratación, Rafa Miró. Hay que recordar que fue la Colla Ecologista la Carrasca y un grupo de vecinos los que presentaron un contencioso administrativo contra esta obra. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana les dio la razón, y esta sentencia fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Constitucional.

Con este último pronunciamiento, el Ayuntamiento de Alcoy ya puede continuar el proceso para que la ciudad recupere la zona verde de la Rosaleda, además de cumplir con la legalidad. Ahora, el Gobierno tiene que licitar la redacción definitiva del proyecto para poder tener en el 2018 un documento definitivo que de solución a este emblemático lugar y poder licitar la obra conforme al proyecto a lo largo del 2019.