EL TSJ CONDENA A ALCOY A PAGAR 800.000 EUROS POR LA REPARCELACIÓN DE UN SECTOR DEL CASCO ANTIGUO

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condena al Ayuntamiento de Alcoy a pagar una indemnización que está alrededor de 800.000 euros al propietario de un edificio afectado por la reparcelación de un sector del centro histórico. Los hechos se remontan a la etapa de Gobierno del PP.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condena al Ayuntamiento de Alcoy a pagar una indemnización de 513.534 euros más intereses al propietario de un edificio afectado por la reparcelación de la UE 2 sector I «Vila i Raval Vell» del casco histórico de Alcoy, que fue anulado por sentencia firme al considerar contraria la ley. Se trata, una vez más, de un proceso que ejecutó el PP en su etapa de Gobierno Municipal y, «como pasa con otros proyectos, 14 años después seguimos sufriendo las consecuencias de su nefasta gestión. Una vez más, los alcoyanos tenemos que pagar la nefasta gestión del PP», remarca la concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano, quien señala que «han pasado dos legislaturas desde que accedimos al Gobierno y continuamos encontrándonos con hipotecas de la etapa del PP. Por donde pasa el PP no vuelve a crecer la hierba».

El largo procedimiento seguido en esta causa se inicia en 2005, cuando el propietario de un inmueble situado a la zona delimitada por el Plan de Urbanización de la «Vila i Raval Vell» del centro histórico se ve privado de su inmueble, y solicita al juzgado que se anule el citado Proyecto de urbanización y el consiguiente de reparcelación que fueron aprobados por el Gobierno del PP con un gran número de alegaciones en contra de colectivos vecinales, entidades y propietarios de suelo.

La sentencia que anula la urbanización y la reparcelación efectuada viene a decir que la justificación por parte del Ayuntamiento para modificar el Plan Especial aprobado era insuficiente dada la modificación sustancial que se llevó a cabo, y que no se actuó por una más justa distribución de beneficios y cargas urbanísticas, sino que se pretendía compensar el hecho de que hubiera una gran ausencia de atractivo para el posible mercado inmobiliario. Si bien los instrumentos urbanísticos relativos en la urbanización fueron anulados, no se pudo cumplir la sentencia por qué el Ayuntamiento ya había procedido a adjudicar y desarrollar la reparcelación y reurbanización, lo que comportó que el propietario solicitara indemnización por la demolición de su inmueble. No hubo acuerdo y ahora el recurso de apelación ha fijado la indemnización a su favor en 513.534 euros más intereses desde que fue privado del inmueble, que podrían ascender alrededor de 300.000 euros más.

La concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano, lamenta «que el pueblo de Alcoy tenga que volver a asumir el pago de otra derrota del Partido Popular y que para hacer frente tengamos que paralizar algún proyecto que tenemos en marcha. También llama la atención, poniendo la vista atrás, la desmemoria y el cinismo del portavoz municipal del PP, Quique Ruiz, dando lecciones en relación a la ejecución del puente de Serelles, en una urbanización, por cierto, con muchas irregularidades urbanísticas por querer primar intereses especulativos por encima de los ambientales y paisajísticos». La edil también recuerda al portavoz Quique Ruiz, que votó en contra del Plan de Ajuste, que «una vez más se demuestra por culpa de quien se tiene que ajustar el cinturón el pueblo de Alcoy, y no es precisamente por la gestión económica del Gobierno de Toni Francés, sino de su PP y de concejales como Fernando Pastor que de ninguna forma son historia, y que continúan muy presentes dirigiendo la política del Partido Popular. El portavoz municipal del PP nos acusó de falta de planificación presupuestaria, cuando la realidad es que resulta muy difícil planificar cuando 14 años después las actuaciones de los populares continúan costando a los alcoyanos centenares de miles de euros».