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La actuación se lleva a cabo tras seguir escrupulosamente la normativa vigente, agotar los plazos legales e imponer diversas sanciones a la propiedad por incumplimiento reiterado de las órdenes municipales.
El Ayuntamiento de Alcoy adjudicó las obras para proceder a la demolición de la parte restante del edificio de viviendas situado en la calle Sant Francesc, número 50, así como a la adecuación de la parcela. Los trabajos ya han empezado con la adecuación del terreno y está previsto que el lunes 2 de marzo comience el derribo del inmueble. Esta intervención se ejecuta de manera subsidiaria y a cargo de la propiedad, con un presupuesto de adjudicación de 47.500,07 euros, IVA incluido. La medida se adopta tras un largo procedimiento administrativo en el que el consistorio ha actuado de forma continua y ha cumplido de manera rigurosa con todos los pasos marcados por la ley ante la inacción de los titulares del edificio.
La cronología de este expediente se inicia en agosto de 2024, cuando el consistorio declaró el edificio en situación de ruina inminente y ordenó su demolición en el plazo de un mes. Ante la falta de respuesta, en octubre del mismo año se emitió un nuevo decreto que otorgaba cinco días para ejecutar los trabajos, advirtiendo de la posible imposición de multas coercitivas y de la ejecución subsidiaria. Posteriormente, la propiedad realizó un derribo parcial, lo que motivó una nueva resolución en febrero de 2025 para ordenar la demolición del resto de la edificación, el tratamiento de la medianera, la ejecución de una solera para la evacuación de aguas pluviales y el cerramiento del solar mediante un murete y una valla.
A pesar de que en abril de 2025 la propiedad manifestó su acatamiento y anunció el inicio inminente de los trabajos, estos no se llevaron a cabo de ninguna manera. Como consecuencia, en julio se incoó el expediente de ejecución forzosa, otorgando un último plazo de quince días. El reiterado incumplimiento llevó al Ayuntamiento a imponer dos multas coercitivas de 3.000 euros cada una durante los meses de agosto y septiembre. Además, se dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que evaluara la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. Finalmente, al constatar en noviembre que las órdenes seguían siendo ignoradas, el gobierno local acordó formalmente la ejecución subsidiaria de las obras que ahora se materializan, tras su adjudicación a finales de diciembre.
La concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha explicado que «desde el primer momento hemos actuado con contundencia y dentro del marco legal para dar una solución definitiva al estado de este inmueble». Moltó ha añadido que «el Ayuntamiento no ha estado parado en ningún momento, sino que hemos sido extremadamente cuidadosos a la hora de seguir toda la tramitación, imponiendo las sanciones correspondientes y dando cuenta a la justicia del incumplimiento, para finalmente asumir los trabajos subsidiariamente valorando siempre el beneficio y la seguridad de toda la ciudadanía».
La actuación se lleva a cabo tras seguir escrupulosamente la normativa vigente, agotar los plazos legales e imponer diversas sanciones a la propiedad por incumplimiento reiterado de las órdenes municipales.
El Ayuntamiento de Alcoy adjudicó las obras para proceder a la demolición de la parte restante del edificio de viviendas situado en la calle Sant Francesc, número 50, así como a la adecuación de la parcela. Los trabajos ya han empezado con la adecuación del terreno y está previsto que el lunes 2 de marzo comience el derribo del inmueble. Esta intervención se ejecuta de manera subsidiaria y a cargo de la propiedad, con un presupuesto de adjudicación de 47.500,07 euros, IVA incluido. La medida se adopta tras un largo procedimiento administrativo en el que el consistorio ha actuado de forma continua y ha cumplido de manera rigurosa con todos los pasos marcados por la ley ante la inacción de los titulares del edificio.
La cronología de este expediente se inicia en agosto de 2024, cuando el consistorio declaró el edificio en situación de ruina inminente y ordenó su demolición en el plazo de un mes. Ante la falta de respuesta, en octubre del mismo año se emitió un nuevo decreto que otorgaba cinco días para ejecutar los trabajos, advirtiendo de la posible imposición de multas coercitivas y de la ejecución subsidiaria. Posteriormente, la propiedad realizó un derribo parcial, lo que motivó una nueva resolución en febrero de 2025 para ordenar la demolición del resto de la edificación, el tratamiento de la medianera, la ejecución de una solera para la evacuación de aguas pluviales y el cerramiento del solar mediante un murete y una valla.
A pesar de que en abril de 2025 la propiedad manifestó su acatamiento y anunció el inicio inminente de los trabajos, estos no se llevaron a cabo de ninguna manera. Como consecuencia, en julio se incoó el expediente de ejecución forzosa, otorgando un último plazo de quince días. El reiterado incumplimiento llevó al Ayuntamiento a imponer dos multas coercitivas de 3.000 euros cada una durante los meses de agosto y septiembre. Además, se dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que evaluara la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. Finalmente, al constatar en noviembre que las órdenes seguían siendo ignoradas, el gobierno local acordó formalmente la ejecución subsidiaria de las obras que ahora se materializan, tras su adjudicación a finales de diciembre.
La concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha explicado que «desde el primer momento hemos actuado con contundencia y dentro del marco legal para dar una solución definitiva al estado de este inmueble». Moltó ha añadido que «el Ayuntamiento no ha estado parado en ningún momento, sino que hemos sido extremadamente cuidadosos a la hora de seguir toda la tramitación, imponiendo las sanciones correspondientes y dando cuenta a la justicia del incumplimiento, para finalmente asumir los trabajos subsidiariamente valorando siempre el beneficio y la seguridad de toda la ciudadanía».
