El Gobierno de Toni Francés se queda con tu dinero

Artículo de opinión de Amalia Payá

En marzo de 2021, tras la aprobación de la Ordenanza por los socialistas, con el apoyo de Podemos y el silencio de Compromís y Guanyar, la ciudad se vio envuelta en un proceso de peatonalización que prometía mejorar el bienestar de los ciudadanos y la dinamización del barrio al prohibir el acceso con vehículo a ciertas áreas del Centro de Alcoy. Sin embargo, lo que debería haber sido una medida para beneficio de los vecinos se convirtió en una pesadilla para muchos, cuando una cantidad desproporcionada de multas comenzó a llover sobre los alcoyanos y muchos visitantes que lamentaron haber venido a Alcoy, alcanzando un asombroso millón y medio de euros en sanciones.
Después de más de mil alegaciones presentadas a la Ordenanza, los vecinos decidieron iniciar un proceso jurídico para impugnar la ordenanza. Como resultado de este proceso, una contundente sentencia declaró la nulidad de pleno derecho de la ordenanza y sus anexos, dejando claro que la medida adoptada por el Pleno del Ayuntamiento había sido errónea desde su concepción. Esta decisión judicial debería haber supuesto un alivio para aquellos afectados por las multas, pero lamentablemente, el Gobierno Municipal socialista de Toni Francés ha decidido actuar de manera contraria a la justicia y los principios legales.
El Gobierno socialista ha declarado que solo devolverá las multas que no sean firmes, es decir, las que se recurrieron en su momento, desestimando así los recursos presentados por los ciudadanos afectados tras la declaración de nulidad de la Ordenanza. Esta postura es completamente contraria a lo que dicta la ley. Cabe recordar que las multas por la peatonalización no son multas de tráfico ni por incumplimiento del Código de Circulación, sino por incumplimiento de una Ordenanza que ha resultado ilegal, nula de pleno derecho.
Según la Ley, el procedimiento para tramitar la nulidad de pleno derecho y pedir la devolución de las multas debe ser llevado a cabo por el Pleno del Ayuntamiento, el órgano competente para resolver este tipo de asuntos. Sin embargo, el Gobierno de Toni Francés
ha optado por ignorar esta legislación, una decisión arbitraria y unilateral que revela una clara falta de voluntad política para corregir una injusticia evidente. La resolución de los recursos por parte del alcalde, cuando es manifiestamente incompetente para esta tarea, muestra una clara falta de respeto por el debido proceso y los principios democráticos. El alcalde no puede resolver solicitudes de devolución basadas en el procedimiento de nulidad de pleno derecho. Este comportamiento supone un claro abuso de poder ante el desconocimiento de los ciudadanos, convirtiéndose en una flagrante violación de sus derechos.
Además, es importante destacar que nos encontramos en el ámbito del derecho sancionador, donde deben prevalecer los principios penales que garantizan la protección de los derechos individuales. La imprescriptibilidad de la acción de nulidad de pleno derecho y la retroactividad favorable del derecho sancionador deben ser respetadas y aplicadas de manera rigurosa, en lugar de ser ignoradas en favor de la conveniencia política de los socialistas.
En conclusión, es urgente que el Gobierno Municipal de Toni Francés rectifique su actitud y cumpla con la sentencia que declara la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza de peatonalización y sus anexos. Los ciudadanos afectados tienen derecho a la devolución de las multas cobradas en base a una Ordenanza declarada ilegal, y es deber de los socialistas, como autoridad municipal, garantizar que este derecho sea respetado y protegido en todo momento.

Amalia Payá
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular Alcoy