EL TSJ (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA) DECLARA NULO EL PLAN DE TRASLADO DE LA ESPAÑOLA A LA CANAL

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el plan de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Alcoinnova, aprobado en Julio de 2014 por la exconsellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, por medio del cual se tramitaba el traslado de la empresa La Española a la zona de la Canal en Alcoy. La sentencia estima el recurso planteado por la Colla Ecologista La Carrasca y Salvem l’Aqüífer del Molinar, que denunciaba el fuerte impacto ambiental de la iniciativa.

La resolución del Tribunal hace referencia a la existencia de muchas afecciones ambientales en el área de amortiguación de impactos del parque natural de la Font Roja, en la infraestructura verde y en la Red Natura 2000. También destaca que el estudio de alternativas presentado por la empresa no tiene en cuenta que las afecciones ambientales de la ubicación elegida son muy relevantes, y que tampoco considera el riesgo para el agua potable de Alcoy.

Respecto al impacto sobre la Red Natura 2000, se señala que la declaración de repercusiones emitida por el director general de Medio Ambiente no sólo se emitió sin el obligatorio estudio de afección y sin identificar los efectos de la ATE, sino que además considera que fue insuficiente.

También se hace referencia a la alteración de la calidad paisajística general de la zona, a la transformación de la infraestructura verde existente y a la falta de motivación de la reclasificación del suelo no urbanizable protegido de la Canal.

Cabe reseñar que la sentencia cuenta con dos votos particulares que consideran que se debería haber motivado más la discrepancia con la sentencia desestimatoria emitida por el mismo tribunal en el recurso contencioso presentado por el Ayuntamiento de Alcoy. El fallo todavía no es firme.

Con todo, las dos asociaciones que presentaron el recurso han mostrado su satisfacción por la sentencia emitida por el TSJ, y resaltan que pese a no ser todavía firme, es una buena oportunidad para que la empresa reoriente su propuesta y busque una ubicación adecuada donde pueda agrupar sus empresas, «si es que esa es realmente su intención y no se trata de una mera operación especulativa de reclasificación urbanística», enfatizan. Así, insisten, «se evitaría una agresión ambiental en la Canal y no se pondría en peligro el agua que bebemos».