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28 septiembre, 2020El Partido Popular sigue sin aportar las acreditaciones de gasto. Ante el requerimiento de información de la Sindicatura de Greuges, la diputación contesta que no completará la documentación referida a los justificantes en la época en la que Mazón era vicepresidente porque “han prescrito”. Fullana acudirá este Viernes al juzgado a ratificarse en sus declaraciones sobre la no acreditación de facturas en el ingreso de la subvención de más de 700.000 de la Diputación de Alicante al grupo del Partido Popular, de los cuales Compromís considera que cerca de medio millón de euros están sin fiscalizar. 
La Diputación de Alicante no entregará la documentación relativa a las justificaciones de los ingresos de la Diputación de Alicante al grupo del Partido Popular en la época que Carlos Mazón era vicepresidente de la institución porque “ha prescrito”. Así lo ha hecho saber al Síndic de Greuges después de que este haya reclamado, a petición de Compromís, el motivo de la negativa de la institución a entregar toda la documentación.
Después de comprobar que el PP había transferido entre 2012 y 2018 de la institución al grupo político -vía subvenciones institucionales- más de 700.000 euros sin acreditar con facturas el cumplimiento de la ordenanza, Compromís había ampliado el estudio del dinero transferido hasta la época en que la Diputación de Alicante estaba presidida por Jose Joaquín Ripoll (2007-2012), en la cual el actual presidente de la institución Carlos Mazón ejercía de vicepresidente.
La coalición quiere recordar que el PP es la única formación a la institución que no ha hecho un streaptease contable de sus cuentas, motivo por el cual Compromís presentó una reclamación al Síndic pidiendo amparo, quien trasladó la petición a la institución. Ahora, cinco meses después se ha hecho pública la respuesta de los servicios jurídicos al Síndic, en la cual afirman que la información no será entregada porque los documentos contables estarían sometidos a prescripción.
La Diputación admite que no existe en todo caso ninguna contabilidad de la época en que Carlos Mazón ejercía de vicepresidente de la institución y, para evitar ofrecer cualquier documentación, da por respuesta que “diputados o consejeros insulares o la corporación local: concejales; su realidades nuevas tras cada consulta electoral. El grupo tiene así, y en todo caso, una limitación temporal”. Resulta especialmente extraño, además, que en el informe de la Intervención General de la institución provincial se asegure haber adjuntado esa documentación en dicho informe, pero que esta no conste en el expediente.
El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, ha denunciado que “es muy significativo que Mazon use los servicios jurídicos para organizar un muro de excusas y no mostrar las facturas que acreditan el uso de los ingresos”. Los valencianistas critican que por un lado la Diputación exija un acuerdo plenario para reclamar la documentación y que después Partido Popular y Ciudadanos enmienden la propuesta plenaria cuando Compromís la llevó a votació evitando así la entrega de documentación.
“El zaplanismo no nos volverá a imponer el silencio”
Por otro lado, Fullana acudirá el Viernes a los juzgados a ratificar sus acusaciones sobre la no acreditación de cumplimiento de ordenanza mediante facturas de los fondos que se enviaron de la subvención de grupos de la Diputación al partido político para acusarlos de no acreditar el cumplimiento de lo ordenanza en dichos ingresos.
Fullana recibió una denuncia por parte del Partido Popular de la provincia de Alicante: “El zaplanismo no nos volverá a imponer el silencio, ni con acciones judiciales ni con sus habituales maniobras de control mediático. Iré al juzgado y me reafirmaré en nuestra acción de fiscalización en la Diputación”.
Compromís ha llevado a término a lo largo de los últimos dos años una acción de denuncia constante contra lo que entiende que es una presunta financiación irregular del PP dado que este grupo no acredita con facturas el cumplimiento de la ordenanza de justificación en la transmisión de más de borde 500.000 euros de la institución al grupo político. El Partido Popular es el único grupo que se ha negado a presentar las facturas que acreditan que el dinero se han gastado con actividades vinculadas a la acción del grupo a la Diputación.
Además, Compromís ha criticado que Ciudadanos haya usado su voto para vetar la competencia plenaria para pedir dichas facturas el mes de Julio argumentado que no fiscalizará posibles irregularidades que no afecten a esta legislatura.


