Las obras para cumplir con la sentencia de La Rosaleda está previsto que finalizan en marzo

El Ayuntamiento ha aceptado la prórroga de 3,5 meses en la obra después del informe técnico que justifica este plazo. El pasado 30 de enero empezó la actuación para llevar a cabo el proyecto constructivo para reforma del edificio de aparcamientos subterráneos y reposición de zona verde en su cubierta en la plaza de La Constitución (La Rosaleda) para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La actuación fue adjudicada por 4.372.809,13 euros (IVA incluido).
La semana pasada la Junta de Gobierno Local aprobó la solicitud de prórroga de la obra de 3 meses y medio, hasta el 11 de marzo de 2025. La intención, sin embargo, es intentar concluir lo antes posible la actuación para que sea posible la reapertura del aparcamiento y que siga la obra en la superficie.
Hay que señalar que el Ingeniero de Caminos, Canals y Puertos municipal, como coordinador técnico de la obra, observó a mediados de agosto después de la comprobación de la obra ejecutada, un significativo retraso respecto a la programación de proyecto y contrato de obra. En consecuencia, requirió a la dirección de las obras que presentara por registro una nueva programación de los trabajos, con el visto bueno del contratista de las obras, junto con la solicitud de la prórroga del plazo que pueda justificarse.
La empresa ha indicado que son cinco los motivos del retraso, sumando un total de 3,5 meses: el primero es la imposibilidad de acceso a los sótanos del edificio en un primer momento, el segundo es la gestión de los residuos depositados en el mismo por el concesionario, el tercero la existencia de escombros ocultos, la ralentizaciones en la demolición para minimizar los trastornos a los vecinos limítrofes y lo quinto la extracción de las aguas de escorrentía pluvial debida a los episodios tormentosos registrados.
Por lo que respecta a la imposibilidad de acceso a los sótanos, el 22 de enero se solicitó acceso para la preparación de los trabajos en el segundo sótano, sin actividad, pretensión que fue rechazada por el concesionario en su escrito de 20 de febrero. Finalmente, con la firma del Acta de suspensión de la Concesión para la explotación del aparcamiento, en fecha de 5 de marzo, se pudo acceder a la totalidad del edificio para su reforma, más de 7 semanas después de la solicitud de acceso.
Una vez se pudo acceder a estas dependencias encontraron una gran cantidad de residuos depositados a la sala de bombas del sistema contraincendios del edificio y los lavabos que tuvieron que retirar.
Además bajo de la rampa de acceso al segundo sótano, para poder reforzar la estructura, se encontró apilado gran cantidad de escombros que también hizo falta retirar.
También hubo ralentización de los trabajos de demolición de elementos estructurales para evitar molestias y perjuicios en los edificios colindantes (una vez finalizados los trabajos de demolición, tiene que hacerse notar que no se ha producido ninguna lesión relevante en ninguno de estos edificios) y garantizar la seguridad de los trabajos en curso.
Finalmente, el quinto motivo ha sido la extracción de agua después de las lluvias torrenciales acontecidas en los meses de agosto y septiembre.
Hay que recordar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana N.º 1504/2005, ordena la disposición de una capa suficiente de tierra vegetal para sostener arbolado en la plaza. Esta nueva sobrecarga en la cubierta ha obligado a una reforma de la estructura y sus cimientos. Con esta actuación se pretende dar cumplimiento a esta sentencia contra el Ayuntamiento de Alcoy que bajo el gobierno del PP llevó a cabo una actuación ilegal, tal como ha determinado la Justicia.
«Las obras de La Rosaleda se prolongará durante 3 meses, principalmente por las inclemencias del tiempo, por las técnicas de demolición utilizadas para reducir las molestias al vecindario, así como por los impedimentos que puso el concesionario en un principio para acceder a la obra. Con esta actuación resolveremos una ilegalidad, que es el pronunciamiento que expresó en su momento el Tribunal Superior de Justicia. Una ilegalidad que no es culpa de los ecologistas que lo denunciaron, es culpa de quien gobernaba en aquel momento, el Partido Popular. Esta actuación nos costará a todos los alcoyanos más de 4 millones de euros para devolver a la legalidad urbanística y para recuperar la zona verde», ha destacado la regidora de Urbanismo, Vanessa Moltó.
En esta área se generará un jardín que cumpla con las especificaciones relativas en zonas verdes y con las normativas de accesibilidad pertinentes. Las obras básicamente consistirán en la demolición del forjado de cubierta para su nueva ejecución conformo las nuevas solicitaciones estructurales (capa de tierra de 80 cm y arbolado), así como el refuerzo de todos los elementos estructurales, desde pilares hasta losa de fundamentación e incluirá la zona verde correspondiente. Además, se incluyen unas mejoras en la urbanización de la plaza.
Después de quedar desierto el concurso, el Ayuntamiento de Alcoy solicitó el pertinente informe para realizar una revisión de precios y licitar de nuevo esta actuación con la máxima agilidad. Recordamos, que la anterior licitación de la obra se aprobó, contando con un informe técnico que viabilizaba la ejecución del proyecto redactado en 2.438.066,73 euros.
El nuevo proyecto se ha hecho aplicando en el presupuesto la última Base de Precios de la Construcción del Instituto Valenciano de la Edificación, además incluye una serie de mejoras en la urbanización de la plaza.