ARTÍCULO DE OPINIÓN

Aún estoy esperando respuesta a las preguntas que le formulé al alcalde sobre la prórroga del contrato de abastecimiento de agua aprobada en el último pleno con los votos a favor del PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos. Las preguntas eran claras: ¿a cambio de qué se amplía el contrato? y ¿a quién beneficia esta decisión? No encontré ni en el pleno ni tampoco después respuestas que justificasen la prórroga forzosa. El Gobierno, después de 9 años al frente del Ayuntamiento, ha sido incapaz de plantear siquiera una propuesta de modelo de gestión del agua.

Nos hallamos ante la ampliación de un contrato que, según el propio concejal de Obras, Jordi Martínez, “no está en los niveles de calidad y eficiencia que merecen los alcoyanos” (según decía en 2007) y sobre el que “no existe instrumento para controlar el trabajo y los beneficios de la empresa adjudicataria” (como aseguró en 2019). En lugar de poner solución a esta situación denunciada por el propio PSOE, la decisión es seguir como estamos. No hacer nada. Muy propio del Gobierno de Francés.

Con estos precedentes, un Gobierno responsable, además de evitar que le caducase el contrato, encargaría una auditoría del servicio para determinar el volumen del descontrol que ha denunciado el propio PSOE. Un ejemplo de tal descontrol, según hemos constatado, es el hecho de que los técnicos del Ayuntamiento no hayan podido aprobar ni una sola de las liquidaciones anuales presentadas por Aqualia en los últimos 20 años.

En lugar de afrontar el vencimiento de un contrato básico para la ciudad, el Gobierno de Francés sigue enredando con la creación de una empresa pública que, según los técnicos, es inviable por la delicada situación económica del Ayuntamiento. La misma, por cierto, que ya quedó paralizada en un primer intento en 2017. Por eso es incomprensible que siga mareando sin aportar una solución de futuro a la ciudad.

Sabiendo como sabe el PSOE de la inviabilidad de la empresa pública, es difícil entender su negativa a convocar un nuevo concurso. Al no hacerlo, el Gobierno impide a los alcoyanos obtener un mejor servicio a mejor precio. Se opone a que el Ayuntamiento se beneficie de la competencia entre empresas y, además, pueda resolver los problemas detectados durante 20 años de gestión privada.

En 2000, Aqualia pagó un canon inicial de 3 millones de euros por la adjudicación del contrato. En otros municipios similares a Alcoy, ese tipo de canon supera actualmente los 10 millones. En Pontevedra, la empresa que se ha adjudicado el contrato ofreció 110 millones, 48 de ellos en obras. ¿Por qué el PSOE priva al Ayuntamiento de ese ingreso que permitiría renovar las infraestructuras de la red o realizar obras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?

No será porque la red de agua de Alcoy no necesita modernizarse. La mitad de esa red (90,6 kilómetros) es de fibrocemento y fundición, materiales que ya no se utilizan y que, por tanto, deben ser sustituidos. Además, el 51% de los contadores supera los 10 años de antigüedad. Es decir, que están para cambiar. Es una nueva paradoja en la Smart City que trata de vendernos el Gobierno. Un nuevo concurso concedería al Ayuntamiento la posibilidad de obtener recursos para acometer estas mejoras. Si no se realizan con ese canon, ¿las tendrán que pagar los vecinos de Alcoy a través de sus recibos o a través de una nueva tasa de infraestructuras?

El PSOE debe explicar a quién beneficia la prórroga forzada por su irresponsabilidad, desidia y dejadez. Desde luego a quien no beneficia es a los ciudadanos de Alcoy, que pagan por un servicio de hace 20 años. Ni tampoco beneficia al Ayuntamiento, que no renueva la red de agua ni mejora su delicada situación económica. La prórroga es un castigo a los vecinos de Alcoy. El PSOE debe explicar a cambio de qué se produce este castigo.

Enrique Ruiz

Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcoy