ABSUELTOS DOS OBJETORES FISCALES ALCOYANOS QUE DESTINARON SU IRPF A CAUSAS SOCIALES

El Tribunal Económico-Administrativo (TEAR) de Valencia ha anulado las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria a dos objetores fiscales de Alcoy que decidieron desviar 300 euros, cada uno, de su declaración de la renta hacia colectivos locales sin ánimo de lucro.

Según consta en la resolución del TEAR, hecha pública por el grupo antimilitarista Tortuga, las sanciones ahora anuladas eran de 150 euros por persona, aunque una vez descontadas las correspondientes bonificaciones se reducían a 78,75 euros.

El TEAR considera que la Agencia Tributaria no justificó debidamente el motivo de la sanción impuesta a ambos objetores fiscales, y cita al Tribunal Supremo al exponer que «lo que tienen que motivar los órganos sancionadores no es el incumplimiento de la obligación tributaria, sino la razón de ser de la sanción, y la infracción de los bienes jurídicos que con su imposición tratan de preservarse».

Los dos objetores fiscales, militantes también de la Colla Ecologista La Carrasca, presentaron sus declaraciones del IRPF junto con un escrito dirigido al director de la Agencia Tributaria en el que se explicaba el motivo de su objeción, y adjuntaban los comprobantes de haber ingresado 300 euros en la cuenta bancaria de diferentes organizaciones sociales.

La Agencia Tributaria abrió expediente sancionador a ambos por considerar que «el concepto alegado de objetor de conciencia al gasto militar no está contemplado en la normativa fiscal, no admitiéndose como deducible, por tanto, en los términos pretendidos por el contribuyente».

La sanción fue recurrida por los dos objetores, que alegaron que su decisión de oponerse al gasto militar «preserva el derecho a la vida y la integridad de todas las personas, y está amparada por la Constitución», así como que «no se ha dejado de pagar, sino que se ha desviado una parte de los impuestos (la correspondiente al gasto militar) hacia finalidades socialmente útiles, sin ocultación ni ánimo defraudatorio».

También insistieron en que se había «vulnerado el principio de presunción de inocencia, ya que la desestimación de las alegaciones por parte de la Agencia Tributaria no valora en modo alguno la posible culpabilidad de las personas objetoras sino, solamente, el hecho de que la objeción fiscal al gasto militar no esté recogida en la Ley Tributaria».

En su análisis, el TEAR resuelve que «es patente que estas motivaciones resultaban absolutamente insuficientes, en cuanto no se refieren a circunstancias del caso concreto, de las que se deduzca el carácter irrazonable y negligente de la conducta seguida por el sujeto pasivo».

El TEAR ve «absolutamente esencial» que el acuerdo sancionador incluya el «razonamiento explícito y minucioso en cuanto a por qué de los hechos ha de concluirse la existencia de la culpabilidad necesaria para la existencia de la infracción».

Por ello, «la motivación de la culpabilidad ha de hacer referencia específica e individualizada a los hechos concurrentes, los cuales deben describirse con detalle, dándose razón de su prueba», añade en su resolución.

Y concluye: «Su falta e insuficiencia no es un defecto meramente formal, sino que determina la invalidez del acuerdo sancionador, siendo el vicio insubsanable».