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El portavoz del PP, Quique Ruiz, lamenta los costes que genera a los alcoyanos la “irresponsabilidad” del Gobierno socialista.
Alcoy (14.02.2022).- El Partido Popular de Alcoy ha denunciado las consecuencias de la falta de gestión del Gobierno local, del PSOE. En el caso del contrato de recogida de residuos y limpieza de calles, la falta de control sobre el servicio obliga al Ayuntamiento de Alcoy a pagar 170.588,78 euros. Esta cantidad corresponde al importe íntegro del pago anual por objetivos que está vinculado a un sistema de control que no fue realizado.
El portavoz del PP, Quique Ruiz, ha lamentado los costes que genera a los alcoyanos la “desidia” y la “irresponsabilidad” del Gobierno socialista. Los 170.588,78 euros corresponden al año 2020 y se suman a los 154.587 euros pagados un año antes también sin control. En los dos ejercicios el Ayuntamiento no realizó control de auditoría. “Ha quedado de manifiesto que el Gobierno no cumplió con su obligación de controlar a la empresa y ahora lo tenemos que pagar todos los alcoyanos”, ha explicado Ruiz tras el pleno en el que el Ayuntamiento ha acordado el pago a Fomento de Construcciones y Contratas.
Ante la demanda interpuesta por la empresa para reclamar el pago correspondiente y la inviabilidad jurídica para los intereses del Ayuntamiento de Alcoy y por lo tanto el pago de costas, el pleno ha resuelto allanarse. Los informes jurídicos recalcan que las auditorías no se realizaron “por causas atribuibles exclusivamente al Ayuntamiento”. Ruiz ha sentenciado: “A los alcoyanos ya nos ha costado bastante la irresponsabilidad del PSOE y si los juristas exponen que la falta de control sobre el servicio obliga a pagar íntegramente a la empresa, optamos porque el juicio no siga adelante para no aumentar el coste a los alcoyanos de una mala gestión exclusiva del PSOE”.
De hecho, el portavoz del PP ha propuesto en el pleno que el Ayuntamiento optase por la fórmula jurídica de la satisfacción extraprocesal en lugar del allanamiento. “Esta fórmula no contempla el pago de las costas procesales, por lo que queríamos reducir al máximo el alto precio que ya tenemos que pagar por la nefasta gestión del Gobierno. El PSOE deberá explicar por qué ha votado en contra”, manifiesta.
Las auditorías empezaron a realizarse en el año 2021 y en los tres primeros trimestres determinaron un grado de penalización medio del 32,5% sobre el importe total a pagar. Aplicando este porcentaje a los 170.588,78 euros establecidos por objetivos en 2020, el PP calcula que el Ayuntamiento no debería paga 55.441,35 euros. “Estamos hablando de cantidades importantes que no deberían abonarse a la ligera y sin control alguno”, concluye Ruiz.