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Compromís pide una auditoría del Gil-Albert para despolitizarlo y centrar el presupuesto en la cultura.
La coalición presenta una moción para que la Diputación de Alicante se plantee la idoneidad de la selección del personal subdirector, entre los que se encuentran cinco cargos de PP y C’s sin ningún experiencia cultura, y que resulta contraria en los estatutos del instituto.
El gasto de personal y por asistencia rectora centra un 60% del presupuesto, del que solo se dedica a la promoción cultural y académica un 20% del total.
Compromís ha presentado una moción al pleno de este miércoles de la Diputación de Alicante para la creación de una mesa con todos los partidos políticos de la institución que permita auditar la actividad real de impulso y divulgación cultural, social y jurídica del Instituto de Cultura Juan Gil Albert.
La coalición valencianista apunta a una necesaria regeneración del ente dependiente de la diputación después de conocerse que al menos cinco de sus subdirecciones han sido concedidas a cargos del Partido Popular y Ciudadanos, los dos partidos que conforman el equipo de gobierno.
Compromís cuestiona la idoneidad de los nombramientos, dado que ninguno de los miembros del PP y C’s elegidos para las subdirecciones resulta ser “personas de reconocido prestigio en lo campo de las Humanidades, las Letras, las Artes o las Ciencias Sociales y Jurídicas”, tal y como marcan los estatutos de Gil-Albert. Entre los cargos elegidos se incluye incluso un constructor.
La burocracia entierra la promoción cultural
La mesa propuesta por el diputado y portavoz valencianista, Gerard Fullana, persigue impulsar el estudio de propuestas para revertir la tendencia presupuestaria y permitir que la investigación, la promoción cultural y la divulgación de las ciencias jurídicas y sociales tengan un papel hegemónico en las cuentas anuales a partir de 2021.
Del total del presupuesto de 2020 (1.393.301 euros), 838.000 se van directamente a gasto de personal y asistencia rectora (583.190 euros + 258.000 euros) y apenas un 20% al objeto social del instituto.
“Llama la atención Hay que repensar el instituto de cultura Juan Gil-Albert”, ha manifestado Fullana. “Se han acelerado alarmantemente incorporaciones en el organigrama de personas que no cumplen los requisitos estatutarios, y pensamos que es un intento más de usar el instituto con propósitos más políticos que académicos. Existe además una disfunción presupuestaria alarmante en la proporción destinada anualmente a la promoción académica de la cultura y la investigación en comparación con el gasto burocrático. Hace falta una revisión presupuestaria en profundidad para revertir esta tendencia”.
