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Pese a que el Pleno ha rechazado la moción presentada por el PP, el Gobierno municipal se compromete a impulsar, junto con el resto de grupos municipales, una auditoría que disipe cualquier duda respecto a la gestión de este Ayuntamiento y de su personal
El Ayuntamiento de Alcoy continuará aplicando los máximos niveles de control, transparencia y fiscalización en toda la contratación municipal, apoyándose en los mecanismos de supervisión ya existentes y manteniendo el compromiso de incorporar cuantas mejoras sean necesarias para seguir reforzando la integridad de la gestión pública.
Así ha quedado de manifiesto durante el Pleno ordinario celebrado este viernes, en el que ha sido rechazada la moción presentada por el Grupo Popular relativa a la realización de una auditoría externa sobre la contratación menor municipal, solicitada tras las presuntas irregularidades que están siendo investigadas en relación con diversos contratos municipales y sobre las que el Ayuntamiento mantiene abierto un expediente disciplinario.
La propuesta no ha prosperado al votar en contra PSOE y Compromís, mientras que Vox se ha abstenido y han votado a favor los grupos de PP y Guanyar.
Durante el debate, la concejal de Contratación, Lorena Zamorano, ha defendido que el Ayuntamiento de Alcoy dispone desde hace años de un sistema de control especialmente garantista, con mecanismos internos que van más allá de las obligaciones establecidas por la legislación estatal. Entre ellos destacan la regulación específica incorporada en las Bases de Ejecución del Presupuesto, la fiscalización previa de la Intervención Municipal, los controles permanentes y las auditorías de cumplimiento que se realizan periódicamente y cuyos resultados son elevados al Pleno y remitidos a los órganos de fiscalización competentes.
Asimismo, el grupo socialista ha presentado una enmienda con el objetivo de mejorar la propuesta inicial. Entre otras cuestiones, ha planteado ampliar el periodo de análisis desde 2011 hasta 2025 para poder evaluar la evolución de la contratación antes y después de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, eliminando además aquellos puntos que ya forman parte de los controles obligatorios que realizan de manera periódica los órganos de fiscalización. La enmienda también incorporaba un análisis de otros expedientes históricos de contratación municipal para ofrecer una visión más amplia y completa.
Zamorano ha explicado durante su intervención que el Gobierno municipal no comparte que un procedimiento disciplinario actualmente en tramitación permita poner en cuestión el funcionamiento global del sistema de contratación del Ayuntamiento, especialmente cuando han sido precisamente los mecanismos internos de control los que han permitido detectar la situación e iniciar las actuaciones correspondientes.
“El Ayuntamiento de Alcoy cuenta con un sistema de contratación sometido a controles efectivos y más exigentes que los previstos por la normativa estatal. Nuestro compromiso es seguir mejorando siempre que sea posible, porque la transparencia y el buen gobierno no son una opción, sino una obligación permanente», ha señalado. Zamorano ha añadido que «pese al PP, seguiremos adelante con el resto de grupos municipales para impulsar una auditoría que disipe cualquier duda sobre la gestión de este Ayuntamiento y de su personal».
La edil ha añadido que el Gobierno municipal no entiende una eventual auditoría como una amenaza, sino como una herramienta útil siempre que su finalidad sea aportar información objetiva y contribuir a mejorar los procedimientos administrativos. En este sentido, ha lamentado que no haya prosperado la enmienda presentada por el grupo socialista, ya que esta permitía obtener una visión mucho más amplia de la evolución de la contratación municipal y contextualizar adecuadamente los cambios normativos introducidos en 2017.
Zamorano ha concluido reiterando que el Ayuntamiento seguirá colaborando con todos los órganos de control y continuará revisando y perfeccionando sus procedimientos para reforzar, si cabe aún más, la transparencia, la integridad y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.
Pese a que el Pleno ha rechazado la moción presentada por el PP, el Gobierno municipal se compromete a impulsar, junto con el resto de grupos municipales, una auditoría que disipe cualquier duda respecto a la gestión de este Ayuntamiento y de su personal
El Ayuntamiento de Alcoy continuará aplicando los máximos niveles de control, transparencia y fiscalización en toda la contratación municipal, apoyándose en los mecanismos de supervisión ya existentes y manteniendo el compromiso de incorporar cuantas mejoras sean necesarias para seguir reforzando la integridad de la gestión pública.
Así ha quedado de manifiesto durante el Pleno ordinario celebrado este viernes, en el que ha sido rechazada la moción presentada por el Grupo Popular relativa a la realización de una auditoría externa sobre la contratación menor municipal, solicitada tras las presuntas irregularidades que están siendo investigadas en relación con diversos contratos municipales y sobre las que el Ayuntamiento mantiene abierto un expediente disciplinario.
La propuesta no ha prosperado al votar en contra PSOE y Compromís, mientras que Vox se ha abstenido y han votado a favor los grupos de PP y Guanyar.
Durante el debate, la concejal de Contratación, Lorena Zamorano, ha defendido que el Ayuntamiento de Alcoy dispone desde hace años de un sistema de control especialmente garantista, con mecanismos internos que van más allá de las obligaciones establecidas por la legislación estatal. Entre ellos destacan la regulación específica incorporada en las Bases de Ejecución del Presupuesto, la fiscalización previa de la Intervención Municipal, los controles permanentes y las auditorías de cumplimiento que se realizan periódicamente y cuyos resultados son elevados al Pleno y remitidos a los órganos de fiscalización competentes.
Asimismo, el grupo socialista ha presentado una enmienda con el objetivo de mejorar la propuesta inicial. Entre otras cuestiones, ha planteado ampliar el periodo de análisis desde 2011 hasta 2025 para poder evaluar la evolución de la contratación antes y después de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, eliminando además aquellos puntos que ya forman parte de los controles obligatorios que realizan de manera periódica los órganos de fiscalización. La enmienda también incorporaba un análisis de otros expedientes históricos de contratación municipal para ofrecer una visión más amplia y completa.
Zamorano ha explicado durante su intervención que el Gobierno municipal no comparte que un procedimiento disciplinario actualmente en tramitación permita poner en cuestión el funcionamiento global del sistema de contratación del Ayuntamiento, especialmente cuando han sido precisamente los mecanismos internos de control los que han permitido detectar la situación e iniciar las actuaciones correspondientes.
“El Ayuntamiento de Alcoy cuenta con un sistema de contratación sometido a controles efectivos y más exigentes que los previstos por la normativa estatal. Nuestro compromiso es seguir mejorando siempre que sea posible, porque la transparencia y el buen gobierno no son una opción, sino una obligación permanente», ha señalado. Zamorano ha añadido que «pese al PP, seguiremos adelante con el resto de grupos municipales para impulsar una auditoría que disipe cualquier duda sobre la gestión de este Ayuntamiento y de su personal».
La edil ha añadido que el Gobierno municipal no entiende una eventual auditoría como una amenaza, sino como una herramienta útil siempre que su finalidad sea aportar información objetiva y contribuir a mejorar los procedimientos administrativos. En este sentido, ha lamentado que no haya prosperado la enmienda presentada por el grupo socialista, ya que esta permitía obtener una visión mucho más amplia de la evolución de la contratación municipal y contextualizar adecuadamente los cambios normativos introducidos en 2017.
Zamorano ha concluido reiterando que el Ayuntamiento seguirá colaborando con todos los órganos de control y continuará revisando y perfeccionando sus procedimientos para reforzar, si cabe aún más, la transparencia, la integridad y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.
