Los 40.748 profesionales de la abogacía inscritos al Turno de Oficio atendieron más de dos millones de asuntos de Justicia Gratuita en 2023

NOTA DE PRENSA

• La inversión aumentó un 5,8% hasta superar los 314 millones de euros.
• Han subido un 15% los asuntos por violencia de género.
• La inversión por ciudadano es de 6,5 euros.
• La retribución por asunto asciende ligeramente hasta los 151 euros.
• El 82% de los usuarios, satisfecho con el asesoramiento recibido.

El volumen de asuntos de Justicia Gratuita sigue creciendo año tras año: en 2023 los 83 Colegios de la Abogacía atendieron un total de 2.071.698 millones, un 3,5% más que en 2022, según las cifras recogidas en el XVIII Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Aranzadi LA LEY que se ha presentado este miércoles.
“Es de justicia rendir homenaje a los más de 40.000 profesionales que prestan este servicio en toda España, 24 horas al día, 365 días al año”. Pero es necesario seguir reivindicando en esta materia: “Es imprescindible revisar los baremos, que están totalmente desactualizados. Tiene que haber un sistema de actualización automática. Y hay que recoger el conjunto de las actuaciones que se llevan a cabo, y la cobertura de las personas jurídicas”.
“Desde la creación del Turno de Oficio hace más de 400 años la abogacía se ha adelantado sistemáticamente a la legislación, defendiendo los derechos de los más vulnerables estuviera o no bien regulada su misión. Aún hoy no lo está, como se desprende de las conclusiones del Observatorio”.

Un 5,8% más de inversión
La inversión en Justicia Gratuita de las distintas administraciones públicas aumentó un 5,8%, hasta superar los 314,1 millones de euros, la cifra más alta que se haya destinado a este servicio. En 2022 la inversión pública fue de 296,8 millones.
Pese a ello, se reclama un mayor compromiso económico de las administraciones para sostener el sistema. La inversión por ciudadano fue de 6,56 euros, poco más que los 6,25 del año pasado. Y el coste medio por expediente fue de 151,37, ligeramente superior a los 148 de 2022, pero todavía por debajo de los 153 de 2020. La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial.
El 65,7% de la inversión global se destinó al turno de oficio, el 21% a asistencia letrada, el 4,6% a violencia de género y el 8,7% a gastos de infraestructura.

Aumentan los asuntos de violencia de género
El mayor aumento de asuntos se produjo en violencia de género, un 15,9% más que el año anterior, hasta los 81.397.
La asistencia letrada al detenido aumentó un 10% hasta los 767.879 asuntos. Y los de turno de oficio disminuyen ligeramente -un 0,8%- hasta los 1.222.422 asuntos, de los que el 56% eran penales. Por jurisdicciones, en lo social hubo un 6% más de asuntos, mientras que los civiles disminuyeron un 11%. En penal aumentaron un 2%.

Casi uno de cada tres abogados, inscrito en el Turno de Oficio
En el 2023 continuó la disminución en el número de abogados y abogadas adscritos al turno de oficio: fueron 40.748, frente a los 42.198 de 2022 (un 4% menos). De estos el 51% son hombres y el 49% mujeres-mientras que en extranjería y en violencia de género ellas representan el 53%-.
Esta cifra sigue representando casi un tercio de los 148.941 abogados y abogadas ejercientes en España. A pesar del abultado número de asuntos, solo se registraron 5012 quejas -12% menos que el año anterior-, de las cuales fueron archivadas 3247. Y hubo 299 expedientes que terminaron con sanción a los letrados o letradas que los llevaron, un 19% menos que el año anterior. “El rigor y la seriedad con la que la abogacía lleva adelante estos
compromisos de la justicia gratuita no se puede poner en entredicho”.

Los usuarios, muy satisfechos con el servicio
El índice de satisfacción con el servicio se mantiene muy alto: el 89% de los usuarios tiene una opinión positiva de la atención recibida en la tramitación de la asistencia y el 82% quedó satisfecho con el asesoramiento legal recibido, según la “Encuesta sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en España” elaborada por Metroscopia para este Observatorio. Sin embargo, también revela que todavía hay un 17% de la población general que desconoce la existencia de este servicio.
“La justicia gratuita es un éxito rotundo, muy bien valorado por quienes lo conocen de primera mano, pero sigue siendo una labor muy desconocida”.
Los expertos recomiendan una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita El comité de expertos recomienda para esta edición del Observatorio que se apruebe una nueva norma para sustituir a la actual, que, desde su aprobación en 1996, se ha quedado desfasada. Esta nueva ley debería, señalan los expertos, establecer criterios razonables y equitativos para el reconocimiento de la justicia gratuita. También destacan la necesidad de garantizar siempre este derecho a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, de marginalidad o en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, presos y menores en centros de internamiento, y a las mujeres víctimas de violencia de género, que con frecuencia sufren de violencia económica. Y además se deberían mejorar las condiciones en las que los abogados y abogadas prestan este servicio, actualizando la compensación económica que perciben incluyendo todas las actuaciones que realizan por imperativo legal.

JUNTA DE GOBIERNO ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCOY

12 JULIO. MANIFIESTO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCOY EN DEFENSA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO 2024
La defensa de derechos precisa más recursos y compromiso público.

1. En los últimos años, el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ha venido sufriendo un progresivo deterioro en la dotación de recursos y, como consecuencia, ha avanzado la precarización de las condiciones en que se está prestando.
2. El incesante incremento anual del volumen de casos evidencia que la existencia de la Jurídica Gratuita y su correcto funcionamiento es ahora más necesaria que nunca para evitar que se agrande la brecha de desigualdad social.
3. Las demandas de que todo el trabajo realizado sea compensado, de que los pagos se abonen con regularidad y de que sus importes sean actualizados automáticamente no debería seguir siendo una reclamación permanente, pues demuestra que los cimientos del sistema siguen sosteniéndose sobre la buena voluntad y la conciencia de los profesionales de la abogacía.
4. La inclusión de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en el Plan normativo del Gobierno del Estado para este año es una buena noticia. No podemos perder la oportunidad de renovar una ley que acumula ya 28 años de vida y debemos aspirar a un servicio de la máxima calidad y proyección de futuro.
5. La nueva ley tiene que ser el nuevo marco legal de referencia y no una suerte de cajón normativo donde incorporar todas las novedades legislativas que en los últimos años han ampliado la protección de derechos para los más vulnerables sin consolidar las garantías de que esos derechos se ejercerán con las máximas garantías.
6. Cualquier texto legislativo que consiga el consenso político no será suficiente si, anualmente, los diferentes gobiernos no refrendan su compromiso con este servicio mediante la dotación de los recursos económicos necesarios y la mejora de las condiciones tanto para los beneficiarios como para los profesionales y sus Colegios.
7. Las administraciones competentes deben asumir que, como sucede en el resto de los servicios públicos, los costes de la Asistencia Jurídica Gratuita implican mucho más que el pago de las indemnizaciones, por lo que deben considerar la necesidad de establecer dotaciones económicas para aspectos esenciales como el transporte o la formación, o la dotación suficiente de profesionales para todos los servicios de guardia.
8. Los limitados resultados obtenidos en ámbitos como la violencia de género o la protección de los derechos de los migrantes precisan de abordajes más profundos e integrales para orientar el trabajo de forma que permita mejorar la situación de las víctimas de la violencia y de quienes solo buscan un futuro mejor lejos de sus casas.
9. La última responsabilidad de que los derechos de todos y cada uno de los españoles puedan ser defendidos con plenas garantías en un proceso judicial es de los poderes públicos. Los Colegios deben estructurar el funcionamiento del Turno de Oficio y quienes están adscritos llevar a cabo su tarea en las precarias condiciones que le ofrece la Administración de Justicia, pero no puede asumir la plena responsabilidad del resultado final.
10. Los años pasan y nadie en la esfera política parece asumir la enorme transcendencia que para la calidad democrática de un país tiene que cualquier ciudadano goce de las máximas garantías cuando se ve inmerso en un proceso judicial. Ignorar el deterioro de nuestra Justicia y especialmente el de uno de sus pilares, el Turno de oficio, tendrá efectos perjudiciales en el progreso de nuestra sociedad.