POLÉMICA EN ALCOY AL ASUMIR EL AYUNTAMIENTO GASTOS DEL AGUA QUE COMPETEN A LA EMPRESA

Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua ha abierto una polémica en Alcoy tras denunciar que el Ayuntamiento está asumiendo el coste del consumo energético del bombeo de agua en Sant Antoni, un gasto que corresponde, según ha reconocido el concejal Jordi Martínez, a la empresa concesionaria del servicio, Aqualia. En la polémica también ha entrado la portavoz de Guanyar, Sandra Obiol, quien ha exigido al Gobierno Municipal que convoque con carácter de urgencia la comisión de seguimiento del agua potable para que se aclaren las posibles irregularidades.

La plataforma ciudadana no sólo sacó a la luz que el Consistorio lleva desde 2003 asumiendo un gasto que no le corresponde, sino que también calculó que en estos años el coste para las arcas municipales ha podido llegar a los 500.000 euros. En contestación, Martínez reconoció que las instalaciones de Sant Antoni deberían tener un contador distinto al del Polideportivo Municipal Francisco Laporta y que el importe de su consumo debería repercutirse en la concesionaria, pero que de ser así el gasto hubiese supuesto un incremento en el recibo del agua. Sin embargo, Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua lo niega, pues la empresa no puede trasladar a los recibos el aumento de sus gastos. Según explica, el contrato deja claro que los gastos de explotación del servicio de agua potable son por cuenta del concesionario, y dentro de esos gastos se incluye, entre otros, la energía eléctrica. En el caso de que la empresa pagara el bombeo de Sant Antoni, aumentaría sus gastos y disminuiría los beneficios, pero de ninguna manera podría repercutir el coste en los recibos.

Martínez ha aclarado a la plataforma que los responsables de esta  irregularidad han sido concejales y gobiernos que han tenido responsabilidades durante la concesión del contrato, enumerando al PSOE, PP, Compromís y EU. Pero es precisamente este hecho, el que haya ocurrido con gobiernos de todos los colores, el que avala, según el colectivo, la necesidad de que el Ayuntamiento municipalice la gestión del servicio.

Otro aspecto que la plataforma ciudadana ha destacado es que es el Ayuntamiento quien cada año decide si mantiene las tarifas o si autoriza un incremento y que éste depende, entre otros factores, de la variación del precio del kilovatio o el aumento del IPC, pero no del importe anual del gasto en energía.