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La indemnización responde al incumplimiento del contrato por parte del Ayuntamiento y se suma a los 500.000 euros perdidos por no ejecutar el proyecto.
Alcoy (28.12.2021).- La nefasta gestión del PSOE de Alcoy en la rehabilitación de las antiguas fábricas de El Molinar culmina con un pago de 61.868 euros que el Ayuntamiento debe realizar a la empresa constructora: 32.868 euros en concepto de indemnización y 29.000 como devolución de la garantía. Este pago se suma a la pérdida de 500.000 euros de subvención europea por no ejecutar el proyecto. La
concejal del PP Lirios García lamenta que “nadie del PSOE asuma responsabilidades por una gestión catastrófica”.
La indemnización y la fianza que el Ayuntamiento ha resuelto pagar ahora es consecuencia del informe del Consell Jurídic Consultiu que determinó que la paralización de la obra de El Molinar fue responsabilidad del consistorio y no de la empresa constructora. El órgano consultivo acreditó que la obra permaneció paralizada más de ocho meses por responsabilidad del Ayuntamiento, ya que no garantizaba la seguridad de los trabajos en la zona.
La edil del PP subraya que la mala gestión del PSOE “le sale muy cara a los alcoyanos”. García apunta directamente a la concejal de Patrimonio Histórico, Lorena Zamorano, que responsabilizaba a la empresa de la paralización de las obras. E incluso, como subraya García, llegó a anunciar públicamente que iba a
pedirle a la constructora daños y perjuicios porque los retrasos habían provocado la pérdida de la subvención europea.
“¿Por coherencia con sus palabras, va a asumir ahora Lorena Zamorano su responsabilidad política por perder la ayuda y encima tener que indemnizar a la empresa? ¿Quién le pide a la concejal los daños y perjuicios que a todos los alcoyanos nos ha costado su gestión?”, se pregunta la regidora del PP.
Zamorano anunció el proyecto en enero de 2018. Las obras debían finalizar en abril de 2019. El proyecto fue adjudicado dos meses después del plazo máximo: junio de 2019. La Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención: al primer plazo de abril de 2019 se sumaron los de noviembre de 2019 y enero, mayo y noviembre de 2020. Ninguno de ellos fue cumplido.
Un mes después de adjudicar el proyecto a la empresa que presentó la oferta más baja, la compañía alegó problemas de acceso a la zona de obras y de seguridad en los taludes, que además no eran de propiedad municipal. La consecuencia fue la paralización de la obra y un nuevo retraso, lo que ha motivado la rescisión del contrato con el consiguiente pago de la indemnización y la devolución de la garantía.