El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que había interpuesto el Ayuntamiento de Alcoy contra la setencia del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) que avalaba la declaración del proyecto Alcoinnova como ATE (Actuación Territorial Estratégica) indicando que las competencias eran superiores al Ayuntamiento.
El Supremo ha desestimado las pretensiones del Gobierno municipal ratificando que las competencias urbanísticas son de la Generalitat y obliga a pagar a Alcoy 4.000 euros correspondientes a los costes.