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El Ayuntamiento de Alcoy exige a la Conselleria el abono inmediato de las siete certificaciones pendientes que están provocando una ralentización crítica en la ejecución del proyecto.
El Ayuntamiento de Alcoy ha vuelto a denunciar la grave situación económica que atraviesan las obras de reforma integral del IES Andreu Sempere a causa de los retrasos constantes por parte de la Generalitat Valenciana. Actualmente, la Administración autonómica acumula siete certificaciones sin pagar a la unión de empresas constructoras, lo que supone una deuda acumulada de casi dos millones de euros.
Esta falta de liquidez ha obligado a las empresas adjudicatarias a ralentizar drásticamente el ritmo de trabajo en la obra para no generar más gastos inasumibles, viéndose forzadas a recurrir a financiación bancaria para soportar los costes materiales y de personal. Desde el consistorio recuerdan que, legalmente, al superar los seis meses de impagos, la empresa tendría el derecho de paralizar la obra por completo. A pesar de la gravedad de la situación, el Ayuntamiento valora el gran esfuerzo de la constructora para mantener la actividad en marcha pese al ahogo financiero al que la está sometiendo la Administración autonómica.
Este obstáculo financiero se suma a las dificultades previas que ya motivaron una prórroga del proyecto hasta finales de agosto, como la falta de mano de obra cualificada por la saturación de las empresas del sector o el incremento de los precios de los materiales de construcción. En este sentido, el gobierno local ha señalado la actitud del Partido Popular como perjudicial para el proceso, lamentando que desde esta formación se atribuyan el mérito de una obra que fue adjudicada con los presupuestos del Botànic y que actualmente está gestionada de forma íntegra por el consistorio alcoyano. Se apunta además que la Generalitat, lejos de agilizar la tramitación, se limita a poner palos en las ruedas.
El concejal de Educación, Alberto Belda, ha sido contundente respecto a la actitud de la administración autonómica: «Exigimos a la Conselleria que espabile, haga su trabajo y pague en tiempo y forma unas certificaciones que solo están a falta de una firma, ya que el dinero está debidamente asignado. Es injustificable que esta paralización administrativa perjudique una infraestructura tan necesaria, por lo que desde el Ayuntamiento continuaremos reclamando lo que nos corresponde para asegurar que el alumnado y el profesorado puedan disfrutar del centro moderno y seguro que necesitan para su desarrollo diario».
El Ayuntamiento de Alcoy exige a la Conselleria el abono inmediato de las siete certificaciones pendientes que están provocando una ralentización crítica en la ejecución del proyecto.
El Ayuntamiento de Alcoy ha vuelto a denunciar la grave situación económica que atraviesan las obras de reforma integral del IES Andreu Sempere a causa de los retrasos constantes por parte de la Generalitat Valenciana. Actualmente, la Administración autonómica acumula siete certificaciones sin pagar a la unión de empresas constructoras, lo que supone una deuda acumulada de casi dos millones de euros.
Esta falta de liquidez ha obligado a las empresas adjudicatarias a ralentizar drásticamente el ritmo de trabajo en la obra para no generar más gastos inasumibles, viéndose forzadas a recurrir a financiación bancaria para soportar los costes materiales y de personal. Desde el consistorio recuerdan que, legalmente, al superar los seis meses de impagos, la empresa tendría el derecho de paralizar la obra por completo. A pesar de la gravedad de la situación, el Ayuntamiento valora el gran esfuerzo de la constructora para mantener la actividad en marcha pese al ahogo financiero al que la está sometiendo la Administración autonómica.
Este obstáculo financiero se suma a las dificultades previas que ya motivaron una prórroga del proyecto hasta finales de agosto, como la falta de mano de obra cualificada por la saturación de las empresas del sector o el incremento de los precios de los materiales de construcción. En este sentido, el gobierno local ha señalado la actitud del Partido Popular como perjudicial para el proceso, lamentando que desde esta formación se atribuyan el mérito de una obra que fue adjudicada con los presupuestos del Botànic y que actualmente está gestionada de forma íntegra por el consistorio alcoyano. Se apunta además que la Generalitat, lejos de agilizar la tramitación, se limita a poner palos en las ruedas.
El concejal de Educación, Alberto Belda, ha sido contundente respecto a la actitud de la administración autonómica: «Exigimos a la Conselleria que espabile, haga su trabajo y pague en tiempo y forma unas certificaciones que solo están a falta de una firma, ya que el dinero está debidamente asignado. Es injustificable que esta paralización administrativa perjudique una infraestructura tan necesaria, por lo que desde el Ayuntamiento continuaremos reclamando lo que nos corresponde para asegurar que el alumnado y el profesorado puedan disfrutar del centro moderno y seguro que necesitan para su desarrollo diario».
